El Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley que modifica el Código Penal con la finalidad de sancionar a quienes acceden sin autorización a un sistema informático para alterarlo o inutilizarlo, y a los que borren o alteren datos informáticos.
En el marco de la lucha contra la cibercriminalidad, la iniciativa propone reprimir con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años, y con ochenta a ciento veinte días multa, a quienes a través de tecnologías de la información o de la comunicación introduzcan, borren, deterioren, alteren, supriman o hagan inaccesibles datos informáticos.
Asimismo, plantea aplicar la misma sanción a quienes inutilicen, total o parcialmente, un sistema informático, impida el acceso a este, entorpezca o imposibilite su funcionamiento o la prestación de sus servicios.
Entre otras sanciones, el proyecto propone una pena de cárcel no menor de uno ni mayor de cuatro años y con entre treinta y noventa días multa, para quienes accedan sin autorización a todo o parte de un sistema informático, siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo.
También se sancionará a aquel que fabrica, vende, facilita, distribuye u obtiene para su utilización mecanismos, dispositivos, contraseñas o códigos de acceso.
